El periodista Eduardo Feinmann adelantó en su programa de radio que la Corte Suprema está por dejar firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad. Te contamos todas las irregularidades de la causa para que sepas por qué la condena es un disparate y sólo busca proscribir.
Todo parece indicar que la Corte dejará firme la condena a CFK por la causa denominada Vialidad. El timing no es casual: a pocos días de que la ex presidenta insinúe su posible candidatura, vuelve la maquinaria judicial para impedirlo. La historia ya la conocemos: como en Brasil con Lula o en Ecuador con Rafael Correa, el objetivo no es la justicia, sino la proscripción de líderes populares. La diferencia es que esta vez ocurre en Argentina, con una causa llena de irregularidades, testigos que desmienten las acusaciones, pericias que niegan el delito, y jueces y fiscales abiertamente militantes del macrismo.
Un origen político, no judicial
La causa Vialidad nace con un objetivo claro: perseguir a Cristina. El 10 de diciembre de 2015, el mismo día que asumió Macri, su flamante interventor de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, ordenó una auditoría únicamente sobre las obras de Lázaro Báez en Santa Cruz. No se trató de una revisión técnica, sino de una jugada política para armar una denuncia penal. Y el tiro le salió por la culata: la auditoría oficial demostró que las obras estaban bien hechas.
Lejos de conformarse, Iguacel desechó esa auditoría y mandó a hacer otra privada. El direccionamiento arbitrario, la selección caprichosa del universo investigado y la insistencia en encontrar un delito que no existía fueron el primer eslabón de una cadena de arbitrariedades.
¿Báez, el gran beneficiado?
No. Aunque tuvo participación importante en Santa Cruz (como cualquier empresa local en una provincia), el Grupo Austral ocupó el puesto 38 en el ranking de obra pública nacional entre 2003 y 2015, con apenas el 0,3%. El ranking lo encabezaron gigantes como Techint, Electroingeniería y IECSA, esta última en manos de Ángelo Calcaterra, primo de Macri. ¿Por qué nadie investigó a esas empresas? La respuesta es simple: no era Báez el objetivo, era Cristina.
Jueces y fiscales: la (in)justicia militante
Desde el inicio, los actores judiciales mostraron su alineamiento político. El juez Julián Ercolini, quien procesó a CFK en diciembre de 2016, trabajó junto a los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Este último es hermano de Juan Bautista Mahiques, funcionario judicial de Macri y actual jefe de los fiscales porteños, e hijo de Carlos Mahiques, designado a dedo por el macrismo en la Cámara de Casación.
Los tres —Ercolini y los Mahiques— compartieron el ya célebre viaje a Lago Escondido, financiado por el Grupo Clarín. ¿Imparcialidad? Cero.
La causa siguió su curso con los jueces Bertuzzi y Bruglia, trasladados sin concurso por el macrismo a la Cámara Federal. Más adelante, el juicio quedó en manos de Gorini, Giménez Uriburu y Basso, con la acusación a cargo del fiscal Diego Luciani. Giménez Uriburu y Luciani jugaban juntos al fútbol en la quinta Los Abrojos de Macri, en un equipo llamado Liverpool. El detalle: el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, también integraba ese equipo.
Cuando se supo públicamente la relación entre el juez y el fiscal, lejos de apartarse, Giménez Uriburu apareció en el juicio con el mate del Liverpool, en una provocación grotesca.
Además, los jueces de Casación que avalaron todo el proceso —Borinsky, Hornos y Barroetaveña— también estuvieron bajo sospecha por visitas reiteradas a Mauricio Macri en Olivos y Casa Rosada, justo cuando se resolvían medidas clave en causas contra CFK.
Testigos que absuelven, pruebas que no existen
El juicio fue un papelón. Los testigos convocados por la fiscalía no solo no acusaron a Cristina, sino que en muchos casos negaron que existieran sobreprecios o irregularidades. Las pericias confirmaron que las obras fueron terminadas y dentro de los parámetros técnicos y económicos normales. Cristina no firmó licitaciones, no eligió contratistas, no ejecutó presupuestos. Las decisiones sobre esas obras se tomaban en otras jurisdicciones y eran votadas en el Congreso.
Sin embargo, el fiscal Luciani pidió 12 años de prisión: uno por cada año de gobierno kirchnerista. El mensaje político detrás del número fue más importante que cualquier prueba inexistente.
Una condena cantada
Cristina fue condenada. Aunque las pericias demostraron que no hubo delito. Aunque no había pruebas. Aunque los testigos no la incriminaron. Aunque los jueces y fiscales tenían relaciones probadas con el gobierno que la perseguía. Aunque el lawfare quedó al desnudo.
Y ahora la Corte Suprema está a punto de dejar firme esa condena, lo que le impediría presentarse a elecciones. Sería la primera proscripción desde la vuelta de la democracia. Y no por corrupción, sino por haber gobernado en favor de las mayorías.
Lawfare, capítulo argentino
Como ocurrió en Brasil, Bolivia y Ecuador, el aparato judicial mediático opera para disciplinar líderes populares. El poder económico, los medios concentrados y una parte del Poder Judicial son los titiriteros de esta maquinaria de persecución. Cristina molesta porque redistribuyó. Porque empoderó. Porque sigue siendo la dirigente política más importante del país.
La historia no la va a recordar como culpable, sino como víctima. Y como símbolo. En el futuro, la condena que hoy buscan consagrar los supremos no hará más que agrandar su figura y marcar esta etapa como un período oscuro de la democracia argentina.
O sea, digamos, la corrupción del poder judicial con otra más de sus operaciones mafiosas.