La oposición logró juntar las voluntades para debatir proyectos de Ley de fuerte impacto fiscal -aumento de jubilaciones y pensiones por discapacidad, y mejoras en el presupuesto universitario-, lo que llevaría a Milei a pagar el costo político de vetar las normativas. ¿Se animará a hacerlo?
Un nuevo frente de tormenta política se avecina en el Congreso: la oposición se alista para debatir una batería de proyectos sensibles que podrían tensar al máximo la relación con el gobierno de Javier Milei. Jubilaciones, discapacidad y universidades vuelven al centro de la escena parlamentaria, con iniciativas que suponen un aumento del gasto público y que ya generaron rechazo explícito por parte de la Casa Rosada. Todo indica que, si avanzan, el Presidente podría volver a recurrir al poder de veto, como ya lo hizo el año pasado.
La estrategia opositora arrancará este miércoles en la Cámara de Diputados, donde se prevé una sesión con alto voltaje político. Uno de los temas centrales será el intento de actualizar el sistema previsional con medidas que van desde un aumento generalizado de haberes hasta la extensión de la moratoria y una suba significativa del bono que hoy perciben quienes cobran la jubilación mínima.
Aunque la oposición ya intentó avanzar con estos temas la semana pasada sin éxito, esta vez decidió dejar fuera del temario la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación, un punto que genera división entre bloques y que complicaba la posibilidad de lograr quórum. El objetivo es claro: maximizar las chances de aprobar los proyectos previsionales.
Según fuentes parlamentarias, entre las propuestas más concretas figura un incremento del 7,2% en todos los haberes jubilatorios y la elevación del bono mensual de $70.000 a $105.000 —o incluso a $115.000— con una cláusula de actualización por inflación. También se debatirá la posibilidad de prorrogar por dos años la moratoria previsional, que permite completar aportes faltantes para acceder a una jubilación.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, sólo la extensión de la moratoria implicaría un costo fiscal del 0,165% del PBI. En tanto, la suba del bono a $105.000 tendría un impacto de 0,23% del PBI anualizado, mientras que llevarlo a $115.000 implicaría una erogación del 0,30% del producto. El Ministerio de Economía, por su parte, elevó esa cifra aún más y advirtió que el paquete completo costaría el 1,3% del PBI, algo que consideran inadmisible en el marco del equilibrio fiscal que el gobierno pregona como bandera.
“El oficialismo se endurece con estos proyectos porque afectan de lleno su política de ajuste. Pero sabemos que a medida que avance el año y se acerquen las elecciones, muchos legisladores no van a querer pagar el costo político de votar en contra”, deslizó en off un diputado de la oposición con diálogo fluido con otros bloques.
A este escenario se suma un proyecto impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que ya ingresó al Congreso con el respaldo de distintos espacios. La iniciativa propone asegurar una pauta de aumento salarial docente ligada a la inflación, y proyecta que el financiamiento a las universidades alcance el 1,5% del PBI hacia 2031, comenzando con el 1% en 2026.
En paralelo, también se presentará un proyecto para declarar la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027. La medida contempla la actualización automática de los aranceles por inflación, nuevos criterios de acceso a pensiones no contributivas y la mejora de los nomencladores para prestaciones.
Los números son claros: si estas tres iniciativas llegan al Senado y logran convertirse en ley, el Gobierno deberá decidir si las acepta o vuelve a vetarlas. El año pasado, Milei vetó dos leyes de características similares —una sobre jubilaciones y otra sobre universidades— sin pagar un costo político significativo. Pero en el Congreso advierten que el panorama podría no repetirse.
“A los cordobeses ya los putearon por no dar quórum para debatir jubilaciones”, confesó un diputado que sigue con atención el clima en las provincias. En un año electoral, el temor a pagar ese costo crece, y en el Congreso hay quienes creen que esta vez Milei no tendrá tan fácil sostener la fidelidad de los 87 “héroes” que lo ayudaron a resistir los vetos anteriores.
En las negociaciones, todo cuenta. La derrota del gobernador Gustavo Sáenz en Salta capital, a manos de un candidato libertario, reconfigura alianzas. Algunos sectores del PRO empiezan a mirar con recelo la cercanía con el oficialismo. Y hay radicales que —tras el quiebre de su bloque— ya no encuentran incentivos para seguir bancando el ajuste.
“Hay que seguir intentando, nunca se sabe lo que puede pasar”, deslizó con cautela un legislador dialoguista. Aunque el Gobierno cree tener los votos para bloquear los proyectos o vetarlos sin consecuencias, la oposición apuesta a que el desgaste acumulado y el contexto social terminen inclinando la balanza.
En el fondo, el dilema es claro: ¿hasta dónde está dispuesto el Congreso a sostener una política de ajuste fiscal cuando el costo electoral puede ser alto? ¿Y hasta cuándo podrá Milei ejercer su poder de veto sin pagar ese precio en las urnas?